La organización ambiental Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para cuestionar el esquema de audiencias públicas previsto en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en el marco del debate por la reforma de la Ley de Glaciares.
El planteo apunta a garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos, que alcanzan una cifra inédita cercana a las 100 mil personas.
Un esquema bajo cuestionamiento
Según el cronograma definido por el Congreso, solo unos 400 expositores podrán participar de manera oral —200 en forma presencial y 200 virtual— durante las jornadas previstas para el 25 y 26 de marzo.
El resto deberá optar por presentaciones escritas o el envío de videos breves, una modalidad que fue rechazada por Greenpeace al considerar que limita la participación efectiva.
La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique V. Lavié Pico.
El reclamo judicial
En su escrito, la ONG solicitó que se garantice la exposición oral de todos los inscriptos y que se readecúe el cronograma de audiencias mediante su ampliación o la incorporación de nuevas jornadas.
Además, cuestionó la decisión de priorizar a los primeros inscriptos por provincia, criterio definido por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz.
Greenpeace también pidió que se designen veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las audiencias y garantizar estándares de participación acordes al Acuerdo de Escazú.
Un problema operativo sin precedentes
El volumen de inscriptos plantea un desafío logístico inédito. Según estimaciones, si se habilitara la participación oral de todos los anotados en las condiciones actuales, el proceso podría extenderse durante más de un año.
Este escenario tensiona el cronograma legislativo y obliga a repensar los mecanismos de participación en debates de alta sensibilidad pública.
La oposición también presiona
En paralelo, sectores de la oposición impulsan una extensión de los plazos de audiencias públicas para evitar que el proceso derive en una judicialización.
El pedido fue presentado por legisladores de distintos espacios, entre ellos Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sabrina Selva (Unión por la Patria) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas).
En el documento, advirtieron que limitar la participación podría convertir el proceso en una instancia “meramente formal” y afectar su legitimidad.
Un debate que se recalienta
La reforma de la Ley de Glaciares se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa, al cruzar intereses ambientales, productivos y políticos.
La judicialización del esquema de audiencias suma un nuevo capítulo a una discusión que ya venía marcada por fuertes tensiones y que ahora enfrenta un desafío adicional: cómo canalizar una participación ciudadana masiva sin paralizar el proceso parlamentario.
