El Gobierno acelera negociaciones contrarreloj para lograr la media sanción del proyecto que modifica la Ley de Glaciares, una iniciativa que manejó con bajo perfil pero que considera clave para su estrategia de atracción de inversiones mineras en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En menos de 24 horas, el Senado de la Nación Argentina debatirá la iniciativa y el oficialismo llega con un conteo ajustado. “Es uno arriba, uno abajo, no sobra nada”, reconoció un senador opositor mientras se multiplican las reuniones en los despachos para intentar cerrar apoyos.
Un poroteo al límite
La Libertad Avanza cuenta con 21 votos propios, pero necesita al menos 37 para alcanzar el quórum y aprobar el proyecto. Si bien el bloque libertario se mantiene alineado, sus aliados muestran fisuras.
De la UCR, solo cuatro de sus diez senadores acompañarían. A ellos se sumarían un legislador del PRO, tres de Convicción Federal, dos del Frente Renovador de la Concordia Social, uno de La Neuquinidad, uno de Primero los Salteños y uno del bloque Independencia. También aportarían su respaldo los exgobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), representantes de provincias con fuerte perfil minero.
Con ese esquema, el oficialismo alcanzaría 36 votos, uno menos de los necesarios, por lo que continúa la búsqueda de apoyos adicionales. En ese contexto, se especula con la posible adhesión de la sanjuanina Celeste Giménez, aunque desde sectores de La Cámpora adelantaron que seguiría la línea partidaria contraria al proyecto.
Qué cambia la reforma
La modificación propone alterar el criterio de protección de los glaciares, pasando de un esquema científico y uniforme a uno determinado por cada provincia. Esto implicaría mayor discrecionalidad local y menor tutela ambiental a nivel nacional.
Entre los puntos más controvertidos, elimina la prohibición expresa de realizar actividad minera en el ambiente periglacial y habilita proyectos en zonas cercanas a glaciares siempre que las provincias determinen que no se afectan reservas estratégicas de agua.
Para el Ejecutivo, la reforma es condición necesaria para viabilizar inversiones que espera captar bajo el RIGI. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y especialistas advierten que la iniciativa podría debilitar los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos por la Constitución Nacional.
Cuestionamientos ambientales y constitucionales
Críticos del proyecto sostienen que la reforma pone en riesgo la protección uniforme de los glaciares en todo el país y podría facilitar la explotación minera en zonas sensibles desde el punto de vista hídrico. También alertan sobre la eventual destrucción de reservas estratégicas de agua dulce.
En el oficialismo confían en que, si el proyecto llega al recinto, será porque tienen asegurados los votos necesarios. Pero reconocen que la negociación está siendo más compleja de lo previsto.
Con el número aún en discusión, la sesión promete convertirse en uno de los debates más tensos del período extraordinario y en una prueba de fuego para la capacidad del Gobierno de sostener mayorías ajustadas en la Cámara Alta.
